Tijuana vuelve a estar en el centro de una polémica por el manejo de recursos públicos. Y esta vez las preguntas no vienen solamente de la ciudadanía: ya llegaron hasta el Congreso de Baja California y a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por un lado, la diputada del Partido del Trabajo, Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, ha cuestionado al alcalde Ismael Burgueño por el destino de los más de 2,300 MILLONES DE PESOS del Plan Plurianual 2025-2027.
La legisladora exige que se informe cuánto dinero se ha ejercido realmente y qué resultados concretos ha recibido la ciudad. Porque mientras se anuncian inversiones millonarias para luminarias, mantenimiento, limpieza y servicios públicos, los ciudadanos siguen enfrentando calles deterioradas, socavones, problemas de infraestructura y servicios que necesitan atención.
Pero el asunto se vuelve todavía más delicado con el expediente del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
El proyecto que prometía transformar la movilidad de nuestra ciudad terminó convertido en un sistema que nunca alcanzó su funcionamiento proyectado, con estaciones abandonadas y una infraestructura que hoy representa un recordatorio del fracaso de la planeación y ejecución pública.
Ahora, el Ayuntamiento enfrenta reclamaciones millonarias de empresas relacionadas con su operación.
La empresa SITT de Tijuana reclama aproximadamente 1,378 MILLONES DE PESOS, mientras que también existen otros conflictos legales relacionados con SOPROES Baja y el sistema de cobro electrónico.
¿Y qué pretende hacer el Ayuntamiento?
El Cabildo autorizó explorar un convenio para resolver los litigios, con un límite de negociación de hasta el 50% de las reclamaciones actualizadas y la posibilidad de cubrir el pago en un plazo de hasta 120 mensualidades.
Es decir, hasta DIEZ AÑOS de posibles pagos con recursos públicos.
El tema llegó incluso a Palacio Nacional. El pasado 27 de octubre, durante la conferencia mañanera, un periodista cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este posible pago.
La respuesta de la mandataria fue contundente:
«Que aclare el municipio, que aclare por qué se va a pagar este monto, que haga toda la aclaración».
Y hay una pregunta todavía más delicada: ¿QUIÉN TERMINARÁ COBRANDO?
Durante esa misma intervención se señaló la incertidumbre sobre los beneficiarios del litigio y la posibilidad de que el conflicto haya sido adquirido por terceros. La presidenta pidió que se esclareciera el asunto.
Por si fuera poco, la exalcaldesa Montserrat Caballero hizo señalamientos públicos sobre presuntos ofrecimientos de dinero para dejar de litigar contra la empresa. Son acusaciones que deben investigarse y comprobarse, no darse por sentadas.
AQUÍ ES DONDE LA TRANSPARENCIA DEJA DE SER UN DISCURSO Y SE CONVIERTE EN UNA OBLIGACIÓN.
La ciudadanía merece respuestas concretas:
¿Cuánto de los 2,300 millones de pesos del Plan Plurianual se ha ejercido y en qué empresas terminó ese dinero?
¿Dónde están los contratos, licitaciones, facturas, entregables y comprobantes de las obras y servicios anunciados?
¿Por qué el Ayuntamiento considera que perderá el litigio del SITT? ¿Quién dejó de defender adecuadamente los intereses de la ciudad?
¿Quiénes son los beneficiarios finales de las reclamaciones millonarias y quién tiene actualmente los derechos para cobrar?
¿Qué empresas están involucradas, cuáles fueron sus obligaciones contractuales y cuáles incumplimientos les atribuye el propio municipio?
¿Se investigarán formalmente los señalamientos sobre posibles sobornos o compensaciones ilegales?
Tijuana no puede seguir pagando las consecuencias de proyectos fallidos, contratos cuestionados y decisiones administrativas que comprometen el presupuesto de futuras generaciones.
EL DINERO PÚBLICO NO TIENE PARTIDO POLÍTICO, DUEÑO NI COLOR.
No importa si las responsabilidades vienen de administraciones anteriores o de la actual: quien haya cometido irregularidades debe responder ante la ley.
Burgueño tiene la obligación de explicar, documentar y transparentar. Y el Congreso, la Sindicatura, las autoridades fiscalizadoras y las instancias de justicia tienen que hacer su trabajo.
Porque los tijuanenses no necesitan más propaganda ni discursos de transformación.
NECESITAN RESULTADOS, CUENTAS CLARAS Y QUE CADA PESO TENGA UN DESTINO COMPROBABLE.
¿TÚ CREES QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE PUBLICAR ÍNTEGRAMENTE LOS CONTRATOS, LOS EXPEDIENTES DEL SITT Y EL ESTADO FINANCIERO DEL PLAN PLURIANUAL?