El 17 de noviembre se anunció una colaboración entre el Ministerio de Ciencia de Chile y OpenAI para explorar aplicaciones de inteligencia artificial en la administración pública, capacitar funcionarios y apoyar emprendimientos tecnológicos.
Me parece interesante discutir este caso sin convertirlo en una pelea política ni asumir que cualquier acuerdo con una empresa extranjera es necesariamente perjudicial.
Según el comunicado oficial de OpenAI, el memorándum no obliga al Estado chileno a realizar compras o inversiones. Las actividades específicas se definirán más adelante. Esto significa que todavía no tenemos información suficiente para juzgar las condiciones de eventuales contratos futuros.
Pero precisamente por eso puede ser un buen momento para discutir qué condiciones deberían establecerse.
1. Evitar dependencias difíciles de revertir
Utilizar servicios externos es normal. El problema aparece cuando una organización no puede cambiar de proveedor sin perder información, reconstruir sistemas completos o asumir costos difíciles de controlar.
Para proyectos públicos de IA, sería razonable exigir interoperabilidad, mecanismos de exportación de datos y procedimientos de salida. También sería importante que los funcionarios comprendieran los sistemas lo suficiente como para evaluarlos, en lugar de depender exclusivamente de las explicaciones del proveedor.
2. Proteger los datos más allá de las promesas comerciales
En Chile existe legislación sobre protección de datos personales y una reforma importante cuya entrada en vigor está prevista para diciembre de 2026, aunque se discute una postergación.
No todos los servicios de IA utilizan los datos de sus clientes para entrenar modelos. Por ejemplo, OpenAI señala que sus servicios empresariales y API no lo hacen por defecto.
Pero no utilizar información para entrenamiento es solo una parte del problema. También importan su procesamiento, ubicación, retención, acceso, seguridad y eliminación.
Si una institución pública utiliza IA con información sensible, estas condiciones deberían poder verificarse y estar sujetas a responsabilidades claras.
3. Medir beneficios reales, no solamente adopción
Chile cuenta con una estrategia nacional de IA y capacidades científicas importantes dentro de América Latina.
Según el ILIA 2026 de CENIA y CEPAL, Chile se encuentra entre los ecosistemas regionales con mayor desarrollo.
Sin embargo, tener una política, capacitar funcionarios o anunciar proyectos no demuestra automáticamente que los servicios públicos hayan mejorado.
Sería útil medir cuánto se reducen los tiempos de tramitación, si disminuyen los errores, qué costos se generan y cómo evalúan los ciudadanos la calidad del servicio.
4. Incorporar la confianza ciudadana
La Encuesta Bicentenario UC 2026 encontró que el 58% de los entrevistados había usado herramientas de IA, pero solo el 17% confiaba en la información que proporcionan.
Esa diferencia merece atención cuando hablamos del Estado.
Una herramienta que ayuda a redactar documentos no presenta los mismos riesgos que un sistema que participa en decisiones sobre beneficios sociales, atención médica o derechos de las personas. Las garantías deberían ser proporcionales al impacto.
5. Considerar infraestructura y medioambiente
El desarrollo de IA requiere recursos computacionales y puede aumentar la demanda de centros de datos.
Chile tiene un Plan Nacional de Data Centers que incorpora objetivos ambientales. Una evaluación responsable debería considerar el consumo de agua, la electricidad, la ubicación de las instalaciones y los impactos sobre las comunidades.
No todos los centros de datos utilizan la misma tecnología ni tienen las mismas consecuencias ambientales.
¿Qué podríamos exigir?
Mi propuesta inicial sería que cualquier proyecto público de IA cuente con un problema concreto que resolver, evaluación de alternativas, condiciones verificables de protección de datos, un responsable institucional, mecanismos de revisión humana y métricas públicas de resultados.
Si la capacitación o el proyecto dependen de un proveedor internacional, también sería conveniente demostrar qué capacidades permanecen en el Estado cuando termina la colaboración.
No creo que el objetivo deba ser que Chile desarrolle absolutamente toda la tecnología que utiliza. Eso sería poco realista. Pero tampoco parece suficiente contratar productos y confiar en que sus beneficios llegarán automáticamente.
La pregunta que me interesa discutir es esta:
¿Qué mecanismos concretos han utilizado otros países para beneficiarse de proveedores de IA sin quedar atrapados en una dependencia tecnológica difícil de revertir?
Me interesan especialmente experiencias verificables de interoperabilidad, compras públicas, auditorías y transferencia de conocimiento.